A 42 años del último golpe de Estado, nunca más

Las Fuerzas Armadas pusieron fin a la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, con apoyo y complicidad de determinados sectores de la sociedad civil, especialmente grandes empresas y sectores eclesiásticos.

Las medidas adoptadas por el nuevo gobierno cívico-militar atacaron la participación de la comunidad en la vida social y política: intervinieron de forma autoritaria las universidades y sindicatos, prohibieron las reuniones y manifestaciones públicas, suprimieron los partidos políticos, las comisiones paritarias, el derecho a huelga (y toda medida de fuerza), las asambleas y elecciones sindicales y censuraron la libertad de expresión.

El Terrorismo de Estado, implementado como plan sistemático por el gobierno de facto de la última dictadura cívico-militar, integró diversos delitos de lesa humanidad, tales como desaparición forzada de personas, secuestros y asesinatos, entre otros, lo que convirtió a este período en la etapa de la historia argentina con mayores violaciones a los Derechos Humanos.

Cabe aclarar que el Terrorismo de Estado fue entendido por los genocidas y sus cómplices e ideólogos nacionales e internacionales como complemento necesario de un programa de reformas socioeconómicas que redundaron en la reprimarización de la economía, la regresión en la distribución de la riqueza, un mayor desempleo y exclusión social y una creciente dependencia de los organismos y países centrales del capitalismo mundial.

De esta manera, se operó “el tránsito de una sociedad articulada en torno al crecimiento industrial a otra basada en un ajuste estructural regresivo, con una clara hegemonía financiera”, decisión que logró el desplazamiento del esquema asentado en el modelo de sustitución de importaciones -vigente en gran medida desde la década de 1930 y que paulatinamente había consolidado al sector fabril como “eje articulador y ordenador de las relaciones económicas y políticas”-, hacia un “modelo financiero y de ajuste estructural”. Este cambio se produjo mediante una “estrategia de agresión al sector manufacturero”, lo que socavó sensiblemente las bases del poder de movilización y resistencia de los sectores trabajadores.

Es evidente la relación entre la implementación de un plan económico inaceptable para la mayoría de la sociedad argentina y la inédita y brutal represión a los sectores populares movilizados. Por esta razón, la última dictadura cívico-militar contó con el firme respaldo de grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento de grandes bancos y organismos internacionales (como el Banco Mundial y el FMI), que fueron esenciales para sostener un gobierno cuyo saldo fue de miles de muertos, desaparecidos y exiliados, la derrota en la Guerra de Malvinas y el destrato a los soldados argentinos, el crecimiento exorbitante de la deuda pública (y la estatización de la privada), la destrucción del aparato productivo nacional y de las empresas públicas nacionales y la violación sistemática de los Derechos Humanos.

Transcurridas más de cuatro décadas desde el inicio de la dictadura, las heridas producidas en esta etapa de la historia argentina aún permanecen abiertas. Este pasado es presente toda vez que se imponen valores individualistas por sobre la solidaridad, la empatía y el cuidado del otro; cada vez que se justifica la violencia y/o se escuchan discursos parecidos al “algo habrán hecho”, “no te metas” o “el silencio es salud”.

En la página más oscura de nuestro pasado nacional reluce el rol histórico de los organismos de Derechos Humanos que enfrentaron a la dictadura en el pasado y que continúan luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Su lucha ha logrado que hoy la sociedad argentina manifieste fervientemente su compromiso cívico con la democracia y el Estado de Derecho, expresando nuevamente la convicción de que Nunca Más se utilizará al Estado para avalar la violencia, cometer crímenes o descuidar el bien supremo de la vida humana.

                                                                                        Duilio Minieri

                                                                Secretario de Derechos Humanos

                                                               Ministerio de Educación y DDHH

                                                               Provincia de Río Negro